La Audiencia Nacional ha arrancado este jueves el juicio contra el clan de Los Charlines despachando las cuestiones previas en las que los acusados han sostenido que debe anularse el proceso basándose en las dilaciones indebidas, en que los hechos han prescrito y en que se han incorporado a las actuaciones conversaciones confidenciales abogado-cliente. En caso de que se continúe con la vista, han solicitado que todos declaren al final, cuando se haya expuesto todas la pruebas en su contra.
El tribunal les juzga por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva, y en el banquillo se sentarán finalmente nueve miembros del clan dado que, tal y como ha expuesto el Ministerio Fiscal, se ha presentado un informe médico del acusado José Tato Arca en el que se refleja que su situación le impide ejercer su derecho adecuado a la defensa porque tiene afectada el habla y el entendimiento por una "demencia sobrevenida", por lo que se ha interesado el archivo del procedimiento para él, algo que el tribunal ha acordado al instante.
La defensa de la acusada de Josefa Charlín ha solicitado que se archive la causa para su defendida porque entiende que los hechos que se enjuician han prescrito –"se desconoce la fecha de adquisición de fondos que se consideran ilícitos, solo consta la procedencia de dos cuentas aperturadas en 1994 y 1995"– y porque ya fue juzgada por estos mismos hechos y condenada.
Ha lamentado asimismo que se ha dado una vulneración y falta de respeto hacia los letrados del caso porque el sumario recoge "un centenar de conversaciones telefónicas de abogado-cliente" que "vulnera la confidencialidad" y es un intolerable menoscabo del derecho de defensa que debería suponer el sobreseimiento de la causa
Por otro lado, ha señalado que se ha dado una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por dilaciones indebidas, y ha apuntado que la causa se ha demorado 15 años desde que se inicia el procedimiento. "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", ha explicado para añadir que debe suponer la nulidad de lo actuado porque no es una sencilla atenuante, sino "una vulneración patente de un proceso con todas las garantías".
Además, ha añadido que si no son admitidas el resto de cuestiones previas, solicita que la declaración de su defendida y del resto de acusados se practique en último lugar para salvaguardar el derecho de defensa. Y ha pedido la suspensión de la vista hasta que se resuelvan las cuestiones previas.
Los otros acusados
El abogado de María Teresa Charlín y Natalia Somoza se ha adherido a lo expuesto por la anterior letrada y ha añadido que invoca además la nulidad de toda la investigación sobre sus mandantes "por el carácter prospectivo de la investigación". Cabe recordar que la investigación apunta que ambas participaron en una subasta de unos bienes que eran del clan supuestamente, la planta de lavado de marisco, y el letrado apunta que los fondos con los que se hicieron con esa subasta tenían una trazabilidad bancaria correcta. "Sin que existiese actividad delictiva previa", ha añadido.
Por eso, ha insistido en que la investigación fue prospectiva, que "fue una pesca general" y que se fue contra María Teresa Charlín "solo por el ADN" a pesar de que la operación bancaria fue "exquisita".
La defensa de Noemí Outon Charlín, hija de Josefa Charlín, ha explicado que su patrocinada está en el juicio solo por figurar como cotitular de una cuenta de su madre y como apoderada de otra cuenta de su madre y de su tío, y ha recordado que las mismas fueron aperturadas en marzo de 2000 mientras que ella prestó declaración por primera vez el 7 de julio de 2010, por lo que el asunto estaría prescrito, ha sostenido.
El resto de acusados, un empresario –Ramón Rodríguez Paz– y dos abogados –Roberto Adán y Santiago Do Campo–, han secundado las peticiones de la primera de las defensas y han hecho hincapié en que están en la causa por grabaciones de conversaciones que estarían protegidas por la confidencialidad abogado-cliente.
El fiscal
El fiscal, respondiendo a todas las cuestiones previas, ha solicitado primeramente que la Sala resuelva sobre las mismas en sentencia y no con carácter previo porque supondría valorar pruebas no expuestas en plenario.
Tras esto, sobre las conversaciones telefónicas abogado-cliente incluidas en la causa, ha indicado que "no se vulneran derechos fundamentales" porque las defensas no han concretado cuáles son las mismas y porque "no se utilizan por Fiscalía conversaciones abogado-cliente" salvo las del abogado Adán porque está encausado.
Además, sobre la alegación de cosa juzgada y sobre la prescripción, ha negado ambas subrayando que para que se dé el primero de los casos debe tratarse de las mismas personas y los mismos hechos, algo que no ocurre en este caso a su juicio.
Y en cuanto a las dilaciones indebidas, el fiscal ha apuntado que sin perjuicio de que sea objeto de debate en las calificaciones finales, no tienen por qué suponer la nulidad de juicio porque el legislador ya dio respuesta a las mismas creando la figura de las atenuantes. "No toda limitación de derechos fundamentales supone la nulidad".
Por último, el fiscal se ha opuesto a que las declaraciones de Los Charlines tengan lugar al final, tras la exposición del resto de pruebas y testificales porque se da una falta de previsión legal dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "hace referencia a la declaración de acusados como primera prueba".
