Uno de los policías que participó en la investigación por blanqueo de capitales al clan de los charlines ha aseverado ante el tribunal que por las intervenciones telefónicas a los miembros de esa familia pudieron concluir que las empresas que aparecen en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y que habrían sido instrumento útil para blanquear dinero procedente del narcotráfico pertenecían en realidad al clan a pesar de que estuvieran a nombre de terceras personas.
En esta cuarta jornada del juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares contra cuatro de los hijos del ya fallecido capo Manuel Charlín y dos de sus nietas, además de tres testaferros, ha tenido lugar el interrogatorio de uno de los agentes que participó en la investigación y el de una funcionaria de Vigilancia Aduanera.
El primero, a preguntas del fiscal del caso, ha confirmado que, por ejemplo, la depuradora de marisco que fue subastada y adquirida por Natalia Somoza, hija de Teresa Charlín, en realidad siempre fue propiedad de esta segunda. "Sí, a lo largo de toda la investigación, de las conversaciones se detecta que la auténtica propietaria era Teresa", ha explicado.
Incluso ha apuntado que el hecho de que otro de los imputados, el constructor Ramón Rodríguez Paz, tuviera preferencia sobre esa planta para poder cobrar una deuda previa se debería a una estrategia para que ese negocio no estuviera a nombre de la propietaria real.
Asimismo, ha respondido afirmativamente a la pregunta de si esa deuda habría sido saldada previamente, y que "posiblemente" era un subterfugio para tener la depuradora a nombre de terceras personas. "Es la sensación que teníamos (...) porque Ramón nunca mostró interés por tomar el control", ha explicado.
Igualmente ha relacionado a la familia Charlín con la propiedad de una factoría en Quingdao (China) y con otra de las empresas investigada, Orco Galaica, y ha aseverado que de conversaciones telefónicas interceptadas se deduce que Óscar Charlín, también encausado, era director de la misma si bien delegó en terceros cuando tuvo que entrar en prisión. Al hilo, ha recordado que varios miembros de la familia también trabajaron en esa empresa.
Tras las preguntas del fiscal, las diferentes defensas han tratado de desvirtuar lo sostenido por el investigador indicando que muchas de las aseveraciones se basaban en meras "sensaciones".
Las cuentas de Suiza
Tras la no comparecencia de otro de los testigos por haber perdido un vuelo, algo a lo que el fiscal no ha dado credibilidad y por tanto ha solicitado que se le vuelva a convocar apercibiéndole de que puede ser detenido para que declare, ha llegado el turno de la funcionaria de Vigilancia Auduanera que se encargó del análisis de los movimientos bancarios en Suiza.
Cabe recordar que la Fiscalía señalaba en su escrito de acusación que la investigación policial permitió dar con varias cuentas abiertas en entidades bancarias suizas donde se ingresaron importantes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico. Las nutrieron entre 2000 y 2010, y el objetivo era ocultar esos fondos al fisco español y a las autoridades que persiguen el blanqueo.
Según el Ministerio Público, en la cuenta titulada Malla hallaron 1,3 millones de euros, en Viauton un total de 757.844 euros, y en la cuenta Blue 239.424 euros.
La funcionaria ha explicado que realizó hasta dos informes sobre esas cuentas -2015 y 2017- analizando la documentación enviada por las autoridades suizas y ha constatado que estaban relacionadas con la familia Charlín, en concreto con Josefa Charlín como titular y con Noemí Outón -su hija- y Óscar Charlín -su hermano- como apoderados.
Además, ha indicado que en el perfil de cliente que envió el banco, se informaba de la procedencia de ese dinero, y se anotaba que Josefa declaró que los fondos provenían de un cocedero de marisco que tenía en Galicia y que contaba con 150 empleados. Ha matizado que en la investigación pudieron saber que el gestor de esas cuentas --Rigamonti-- no comprobó si lo dicho por la cliente era real. "Solo recoge lo que le informan", ha explicado la funcionaria.
Al hilo, ha confirmado que los fondos de esas cuentas abiertas en el 2000 provenían de otras del Citi Bank que operaban bajo el título de cuenta Gaia. Esa cuenta a su vez se nutrió con fondos de dos sociedades panameñas.
Además, ha indicado que, si bien no era su trabajo, comprobó si los propietarios de las mismas declararon a Hacienda las ganancias por los rendimientos de las inversiones, y pudo ver en 2007 que no constaba que se hubiese presentado declaración alguna por esas cuentas en el extranjero.
De cinco a seis años de cárcel
Cabe recordar que en este juicio, que se sigue en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva, la Fiscalía Antidroga solicita penas que van de los cinco a lo seis años de prisión para cada uno de los acusados, y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno.
También se interesa el decomiso a favor del Estado de bienes patrimoniales, en concreto una depuradora de marisco en Arousa, varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa y fondos bloqueados en Suiza, entre otros.
